El equipo de Gobierno de Alboraya, una vez aprobado el Plan de Saneamiento, ha presentado los presupuestos de 2014. Estos presupuestos son fiel reflejo de los aprobados en 2012 junto a todos los grupos políticos, excepto el PP, aunque subsanan algunas deficiencias puestas de manifiesto en 2013 y aumentan la partida de Servicios Sociales.
Alboraya logra así regularizar su situación y abordar en mejores condiciones el final de 2014 y el 2015, a pesar de no contar con el apoyo de la oposición, ya que la nueva ley de estabilidad del ministerio de Hacienda, que preside Cristóbal Montoro, permite, y en la práctica exige aprobar los presupuestos, aunque sea de manera excepcional en la Junta de Gobierno.
Para equilibrar las cuentas, se contempla la venta de algunos bajos comerciales propiedad del Ayuntamiento. Ello permite evitar también despidos y la eliminación de servicios.
El alcalde, Miguel Chavarría, reiteró en el Pleno a los grupos de la oposición que el presupuesto es el mismo que se ha trabajado durante los años anteriores, que únicamente, aumenta la partida de Servicios Sociales, corrige pequeños errores y contempla los ingresos necesarios. Por lo tanto los anteriores socios de gobierno no tienen razones objetivas para no apoyarlo. Además destacó que las propuestas barajadas en la comisión por los anteriores socios de gobierno se basaban en la bajada de sueldos o despidos de los funcionarios, pero sin asumir el compromiso de decir a quién ni cómo afectaría concretamente la bajada de sueldos o los despidos o qué servicios quieren eliminar. No lo hicieron cuando estaban en el gobierno y no lo hacen tampoco ahora. Tampoco pudieron en 2012 bajar el coeficiente del IBI, como ahora exigen, porque no se logró subir el IAE para compensar los ingresos por desacuerdo de los grupos de la derecha.
El gobierno actual seguirá intentándolo, pero no puede aprobar la medida por Junta de Gobierno y ha de ser el Pleno quien lo apruebe. De momento se ha bonificado el IBI a las VPO (30%) y se mantienen bonificaciones por domiciliación en un recibo (3%) y familia numerosa (10%) que son las que permite la norma.
Otra contradicción de la oposición es pedir que el Consistorio asuma parte de las contratas que sacará a concurso en breve, eso supondría contratar numeroso personal y aumentar el capítulo que por otra parte pretendían reducir con los despidos. Ya explicó el alcalde que los informes técnicos ponían de manifiesto la imposibilidad del Ayuntamiento de aumentar la plantilla y de hacer inversiones en maquinaria. Con esa gestión directa se podría ahorrar el IVA, según los grupos de oposición, pero los cálculos de los técnicos aseguran que sólo la contratación de capataces expertos en la dirección de estos servicios y la gestión de personal, superaría ya ese ahorro. Y la obligación de alquilar toda la maquinaria, por no poder invertir en su compra, encarecería los servicios.
El alcalde recordó que se produce un ahorro importante en los nuevos contratos, que se sacan a concurso por estar caducados, y que el ratio de precio por habitante que se exige está por debajo del más barato recomendado por la Sindicatura de Cuentas. Además la adecuación a la realidad de las necesidades actuales y la mejora y reorganización de los servicios es muy destacable e imposibilita reducir más el precio de los servicios.
Por otra parte, algunos grupos criticaron que las partidas destinadas a órganos de gobierno se quedan como estaban, “es por si algún grupo quiere volver al gobierno lo pueda hacer”, ironizó el alcalde. Y explicó que se mantienen sobre todo para tener algo de margen para hacer modificaciones presupuestarias en caso necesario. Este año se ahorrarán unos 90.000 euros de dicha partida, en referencia al presupuesto de 2012. Tampoco se contempla por la misma razón el ahorro previsto en las contratas y algunos otros picos en diversos capítulos, por recomendación de intervención. “Eso permitirá mayor margen de maniobra si debemos atender algún imprevisto” destacó el alcalde.
El presupuesto contempla las partidas para los grupos políticos tal y cómo lo acordaron todos los grupos en 2011 y 2012. El alcalde recordó que ya se habían reducido el 70% con el acuerdo de todos y que aunque no se cobraran o se cobraran tarde, se debían mantener, “eliminarlas crearía un precedente negativo e injusto. Mantenerlas visibiliza en el presupuesto la dignidad del ejercicio de las actividades de los grupos políticos al servicio del pueblo y asegura la transparencia en su financiación, tanto si se está en el gobierno como si se está en la oposición. Estamos hablando de treinta y cinco mil euros repartidos entre 5 grupos políticos y 21 concejales con representación en el Pleno. Son subvenciones perfectamente legales y muy moderadas, que pretenden asegurar un mínimo de recursos para la organización de las agrupaciones locales que se financian con las aportaciones de los afiliados. De no ser así, tan sólo los partidos con integrantes adinerados podrían mantener organizaciones políticas. Eso no es en absoluto transparente, es manifiestamente injusto y acentúa la desigualdad”, defendió el alcalde.
El voto negativo de los anteriores socios de gobierno es llamativo, sobre todo porque no apoyan medidas con las que están de acuerdo, como destacó el Bloc en lo referente a Servicios Sociales, entre otras. Su reticencia estriba en si podremos vender o no los locales, pero como destacó el alcalde, “hay que intentarlo porque es posible, es legal y para eso se adquiere este tipo de patrimonio en momentos de expansión económica, para ayudar al pueblo cuando lo necesita y no por el simple afán de acumular propiedades”.
